Maltrato hacia las personas con discapacidad: una realidad que debemos enfrentar
La Violencia es una acción deliberada de causar daño a uno mismo, a otra persona o a la sociedad. El Maltrato es un concepto más amplio ya que se puede dar tanto por acción como por omisión.
Las personas con discapacidad (PCD) están más expuestas que la población general a sufrir maltratos según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
las personas adultas con alguna discapacidad tienen 1,5 veces más posibilidades de sufrir actos de violencia.
quienes padecen discapacidades psíquicas o cognitivas son cuatro veces más propensas a ser objeto de violencia física.
Los niños y las niñas con discapacidad sufren hasta 4 veces más violencia que el resto de las personas de su misma edad.
En los niños y las niñas con discapacidades psíquicas o cognitivas la posibilidad de sufrir violencia puede llegar a ser 10 veces superior al promedio.
Los niños y las niñas con discapacidad tienen 4,6 veces más posibilidades de sufrir agresiones contra su integridad y libertad sexual.
Las personas con discapacidad pueden sufrir maltrato:
Por acción directa: de querer causarles daño.
Por omisión o indiferencia: ante sus derechos.
Por sobreprotección: que limita el ejercicio de su autonomía e independencia personal.
Al igual que sucede con la población general, la mayoría de las agresiones físicas, psíquicas, económicas y contra la libertad sexual que sufren las personas con discapacidad suceden en el hogar y por parte de miembros de su familia o personas que se ocupan de sus cuidados.
Pero además de estas, existen formas de violencia que son ejercidas desde los ámbitos institucionales:
Maltratos físicos y psíquicos por parte del personal.
Abusos contra sus libertades sexuales.
Restricciones a la movilidad contra su voluntad.
Obligación de usar silla de ruedas o pañales cuando no son necesarios.
Falta de provisión de medicamentos o –por el contrario- sobremedicación para controlar su conducta.
Falta de provisión de alimentos o alimentación forzada.
Falta de accesibilidad e instrumentos de apoyo.
Limitación a su autonomía.
Atención inadecuada de su salud.
Violencia Institucional: conjunto de mecanismos o estrategias que, por lo general dentro del marco de la legalidad, se usan para bloquear el acceso a sus derechos.
Estas violaciones a sus derechos humanos se dan en:
Instituciones educativas.
Manicomios o centros de salud mental.
Otros centros de salud.
Talleres labores inclusivos.
Residencias de larga estadía para personas mayores.
Hogares de acogida.
¿Qué herramientas se cuentan para reclamar?
Otras legislaciones internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica (1966), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) o la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015).
Cada país y sus subdivisiones nacionales cuentan además con legislaciones propias que se pueden utilizar para reclamar, así como agencias especializadas.
2) Las organizaciones sociales de PCD: que brindan asesoramiento, acompañan a denunciar y realizan acciones directas (movilizaciones, boycott, bloqueos) para visibilizar las formas de violencia que sufren las personas con discapacidad.
3) La educación: La formación en derechos humanos en general y de las PCD en particular sirve en un doble sentido: a las PCD para que sepan cuáles son sus derechos, y a los organismos de la sociedad para que sepan realizan las obras de accesibilidad y los ajustes necesarios.
Fue realizado con material de la charla que dicté en unas Jornadas de la Comunidad Envejecimiento Activo para la Autonomía Personal (CEAAP), México, 4 de junio de 2022.
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