Alcorta 1912: el Grito de los Trabajadores de la Tierra

 

   El 25 de junio de 1912 estalló la huelga más importante del agro pampeano que, si bien no modificó la estructura social del campo argentino, obtuvo numerosas mejoras para los agricultores y marcó el inicio de la lucha por la tierra en nuestro país.

   A principios del siglo XX, la mayor parte de la tierra de la región pampeana se hallaba concentrada en manos de una minoría terrateniente que se había apropiada de ella tras los genocidios contra los pueblos originarios (“Conquista del Desierto” y “Campaña de los Andes”). Estos grandes latifundios constituían la base de su riqueza y poder, y le permitían acceder a los órganos políticos, para gobernar de acuerdo a sus intereses de clase. En el otro extremo se encontraban las grandes mayorías de criollos, descendientes de pueblos originarios y migrantes que no podían acceder a la propiedad de la tierra, por lo que sobrevivían trabajando para los terratenientes en condiciones semiserviles.

    La estructura social del agro argentino  al momento de producirse el «Grito de Alcorta» se componía entonces de: a) la oligarquía terrateniente nucleada en la Sociedad Rural; b) arrendatarios y semi-arrendatarios de origen criollo e inmigrante; c) peones rurales; y d) comunidades originarias y campesinas que sobrevivían en tierras fiscales o propiedades no ocupadas por sus titulares registrales.

   De los arrendatarios de la región pampeana debemos mencionar que vivían en una situación precaria, más cerca del proletariado que de las burguesías rurales. El informe de Juan Bialet Masse, El Estado de la clase obrera argentina (1904), es una clara radiografía del tratamiento subhumano que recibían: estaban sometidos a los terratenientes a través de contratos leoninos que establecían, entre otras cosas, rentas impagables y la obligación de comprar herramientas e insumos a quién este mandare, e imponían al arrendatario la responsabilidad por una mala cosecha. Para los extranjeros la opresión era doble, ya que sobre ellos pesaba la Ley de Residencia N° 4.144 de 1902, que permitía la deportación en caso de ser considerado “revoltoso”.

   A partir de 1910, como consecuencia de la demanda mundial de cereales, se dio un incremento de la agricultura y los arrendamientos, y también un aumenta de la presión de los terratenientes sobre los agricultores arrendatarios.

   Por ese entonces se llevan a cabo los primeros reclamos a los propietarios, que habían comenzado en 1907 con la huelga de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el antecedente mas cercano de la gran huelga agraria, fue la rebelión de chacareros de origen ruso, alemán, judío y rumano en las colonias de Macachin y Trenel (Territorio Nacional de La Pampa Central) en 1910 que reclamaban en contra de las abusivas condiciones de producción (contratos a corto plazo, dificultades de crédito, encarecimiento de los insumos, presiones sobre la renta) que impedían el ejercicio de sus “libertades capitalistas” (de siembra, de cosecha, de trilla, de disposición de las sementeras, de comercialización de la cosecha, de destinación de parcelas para huertas y granjas familiares).

   En 1912 experimentamos en la región pampeana una cosecha formidable que, no obstante, no reportó ningún beneficio para los arrendatarios ya que, tras pagar las deudas, no quedaba nada para ellos.

   El 25 de junio de ese año, se realizó una asamblea en la Sociedad Italiana de Alcorta, en el sur de la Provincia de Santa Fé, convocada por agricultores de la zona encabezados por Francisco Bulzani, con adhesión de los párrocos de las localidades vecinas, los bolicheros o dueños de almacenes de ramos generales (afectados por la obligación de los terratenientes de comprar en determinados comercios) y el abogado Francisco Netri que tuvo un papel destacado en todo el proceso. Participaron de ella mas de 300 personas y entre las manifestaciones mas combativas se declaró la huelga por tiempo indeterminado hasta conseguir sus reivindicaciones: “1°) rebaja general de los arrendamientos y aparcerías, 2°) entregar en las aparcerías el producto en parva o troje, como salga; y 3°) contratos por un plazo mínimo de tres años”.

   El «Grito de Alcorta», como comenzó a denominarse la medida de fuerza, se expandió rápidamente paralizando a más de 100.000 agricultores de los departamentos del litoral santafesino, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, es decir, en el corazón del Modelo Primario Agroexportador que constituía la fuente de acumulación de la oligarquía.

   A medida que la huelga iba avanzando, comenzó a hacerse posible el planteo de Netri de “constituir una organización gremial autónoma”, y el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, se fundó la Federación Agraria Argentina (FAA).

   A las adhesiones iniciales, se le sumaron los centros socialistas, los anarquistas nucleados en la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y el Centro de Estudios Sociales, profesionales y amplios sectores populares. El movimiento fue reprimido brutalmente por los gobiernos de la Sociedad Rural, que no hicieron esperar su respuesta represiva contra los huelguistas. En un acto en la localidad de Firmat fueron asesinados los dirigentes agrarios Francisco Mena y Eduardo Barros, y el abogado Netri fue cesanteado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y más tarde asesinado.

   No obstante, la organización se mantuvo y para 1913 los terratenientes debieron conceder numerosos reclamos a los arrendatarios ante la amenaza de perder la totalidad de la renta. Entre las conquistas obtenidas se cuentan: la libre discusión entre el propietario y los arrendatarios de la renta (no superior al 30%), trilla y embolsado conjunto, ocho días de plazo a partir de la trilla para que el “patrón” retire su renta sin responsabilidad para el colono por lo que suceda a valor después de ese lapso, contratos mínimos de tres años, libertad de trilla y libre comercialización de la cosecha.

   Si bien el «Grito de Alcorta» no modificó la estructura del campo argentino, produjo una transferencia de costos de producción a la oligarquía terrateniente marcando una reducción de la renta, y favoreció el surgimiento de agrupaciones como las Ligas Agrarias de Bahía Blanca y La Pampa que junto a la FAA reivindicaron los postulados de la Revolución Mexicana encabezada por Emiliano Zapata y Pancho Villa.

   A la gran huelga agraria le sucedieron otros conflictos rurales, como la lucha de peones, braceros, estibadores y carreros en 1917, y la nueva rebelión de arrendatarios de fines de 1918 como consecuencia de deterioro de los rendimientos provocado por las intensas lluvias, la aplicación de nuevos impuestos y el desalojo de colonos morosos.

   En 1919 se movilizaron conjuntamente arrendatarios y peones rurales en sintonía con los enfrentamientos urbanos de la «Semana Trágica» que se vivía en la Ciudad de Buenos Aires. Los reclamos, en esta oportunidad, fueron más radicales, planteando junto con las mejoras a corto plazo y reducción de los arrendamientos, la consigna “la tierra para el que la trabaja”. Esto llevó a que el gobierno aplicara la Ley de Defensa Social N° 7029 de 1910 -destinada a evitar la propagación de ideas maximalistas- y encarcelara a dirigentes agrarios, deportara a trabajadores y productores migrantes, y disolviera mitines y reuniones de la FAA y las Ligas Agrarias utilizando las Fuerzas Armadas.

   El punto más alto de este ciclo se dio en 1921. El año del fusilamiento de peones rurales en Santa Cruz, la represión a los obreros de La Forestal (Chaco) y Gualeguaychu (Entre Ríos), y el asesinato de bolseros federados en Jacinto Arauz (La Pampa), se produjo una marcha de 1400 productores hasta la Ciudad de Buenos Aires que derribaron las resistencias senatoriales y lograron que en septiembre se derogara la Ley de Arrendamiento N° 11.170, que regulaba la relación entre los propietarios y los arrendatarios, a favor de los primeros.

   Una década después de iniciado, culminaba el proceso con la conquista de lo que el sociólogo Waldo Ansaldi llamó “libertades capitalistas” en un contexto en donde aún persistían formas feudales: retener efectos personales pese al endeudamiento, comprar, vender o asegurar sin condicionamiento, y recibir indemnizaciones por el capital invertido.

   Fransisco Netri, quién no llegó a presenciar el desenlace de esta historia, había expresado poco antes de su asesinato: “Estos hombres de campo ya no luchan para sí, sino por sus hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro que ellos carecen. Estar a su lado en esta hora debería ser la posición de todo argentino”.

   A más de 100 años de estas luchas, las banderas siguen presente: las familias campesinas, los trabajadores rurales, los pueblos originarios y los «pequeños productores auténticos», deben hacer suya la consigna “la tierra para el que la trabaja”, y llevar adelante una lucha de manera independiente de las organizaciones que –más allá de su origen combativo- hoy hacen el juego a las oligarquías, las burguesías rurales y urbanas, y los gobiernos que defienden a los poderosos. Para que la tierra no sea un medio de especulación sino un bien social  al servicio de los pueblos.

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