El Infame Proceso de Bragado (artículo histórico)

 En la historia antigua de nuestro pueblo leemos de castigos terribles. Con lo que no pretendemos, para nada, defender el sistema penal actual”. Franz Kafka; Fragmentos de cuadernos y hojas sueltas.

 


    El 5 de agosto de 1931 una encomienda anónima llegó a la finca del dirigente conservador y propietario de casas de juego y caballos de carrera José María Blanch, en el Partido de Bragado (provincia de Buenos Aires). Adentro había un cajón de manzanas con un poderoso artefacto explosivo que, al detonar, acabó con la vida de su hija María Enriqueta y de su cuñada Paula Arruabarrena, además de herir gravemente a su esposa Juana Arruabarrena.

   Casi un año antes de estos hechos, el 6 de septiembre de 1930, se había producido un golpe de estado encabezado por el general José Félix Uriburu (alias “von Pepe” por su adhesión al nazifascismo) contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical (UCR), primer presidente elegido por el voto “universal” masculino. Esta interrupción al orden constitucional contó con el apoyo del sector anti-yrigoyenista de la UCR, el conservador Partido Demócrata Nacional (PDN), el Partido Socialista Independiente (PSI), la Sociedad Rural Argentina, sectores empresariales, y la Corte Suprema de Justicia que, de manera infame, ratificó el golpe mediante una Acordada. En la oposición al régimen se ubicaban el yrigoyenismo, el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), los movimientos anarquistas y los sectores más combativos de la clase obrera (ferroviarios, construcción, estibadores, gráficos), muchos de los cuáles formarían luego los primeros frentes anti-fascistas.

   El dictador Uriburu, que en su primer discurso dijo que “venía a limpiar el país de gallegos y gringos anarquistas”, vio en este crimen la posibilidad de golpear a los movimientos políticos opositores, acusándolos del hecho. Por este motivo la investigación policial y judicial se orientó de inmediato a la persecución de anarquistas, yrigoyenistas y socialistas. En los días siguientes se produjeron más de 30 detenciones en todo el país.

   Por una denuncia anónima en la Comisaría de Bragado el 16 de agosto fueron detenidos: el obrero ferroviario Pascual Vuotto, argentino, en la Estación Blas Durañona (Partido de 25 de Mayo); y los ladrilleros Reclus De Diago, español, y Juan Rossini, italiano, en el Partido de Castelar, y su compañero Santiago Mainini, italiano, en Lomas del Mirador (Partido de La Matanza). Hay que destacar que la mayoría de los detenidos eran militantes anarquistas, miembros de dos sectores combativos del movimiento obrero (ferroviarios y ladrilleros) y –excepto Vuotto- eran extranjeros indeseables para el régimen: gallegos (españoles) y gringos (italianos). También resultó detenido el radical yrigoyenista Juan Perutti, que se suicidó en su celda cortándose el cuello con una botella.

   Nunca se investigó, en cambio, la posible responsabilidad de Rafael Chullivert en el atentado. Este dirigente conservador había sido separado del PDN tras un enfrentamiento con Blanch, además de ser rechazado sentimentalmente por su hijastra o su cuñada (según los diferentes testimonios). En 1985, el periodista Carlos Jordán recogió el testimonio de Miguel Lorda, quien identificó como autor del crimen a Chullivert: “Era jefe de Encomiendas en el Ferrocarril de la estación de Bragado (…) Tiempo después de la bomba, Chullivert asesina a su compañera y a dos hijos de ésta y luego se suicida. Antes de suicidarse deja unas notas: al juez, a la policía y a su familia, donde pide perdón y se hace cargo del atentado a Blanch. (...) Estas cartas fueron tomadas por la policía y nunca se presentaron para redimir la pena de los inculpados. Los pobres detenidos siguieron cargando con algo que no habían hecho[1]. Pascual Vuotto denuncia en su libro que el Comisario de Bragado Enrique Williman destruyó las cartas que había dejado el suicida confesando la autoría de ambos crímenes[2].

   De los cinco detenidos, tres de ellos fueron llevados a juicio: Vuotto, Mainini y De Diago. La defensa de los mismos estuvo a cargo de los abogados Carlos Sánchez Viamonte, Enrique Corona Martínez y Gabriel Bajardi. Lo que pasó a conocerse como “el Proceso de Bragado” o “el caso de los Presos de Bragado” generó mucha solidaridad obrera e internacionalista, llegando a ser comparado con los “Mártires de Chicago” (1886), el “affaire Dreyfus” en Francia (fines del siglo XIX) o el “Caso de Sacco y Vanzetti” (1927). Vuotto llegó a decir que él y sus compañeros fueron la versión criolla de los juicios de Boston contra los militantes anarquistas. Incluso Chullivert puede ser comparado con Celestino Madeiros, quien confesó los crímenes por los que se condenó a Sacco y Vanzetti, y que no fue tenido en cuenta por los tribunales.

   Las pruebas presentadas por la acusación, a cargo del fiscal Juan Carlos Augé, se basaron en testimonios contradictorios e incoherentes de supuestos testigos y en declaraciones tomadas de los acusados luego de estar 10 días incomunicados en la Comisaría de La Plata y de sufrir “23 días de inenarrables tormentos[3]. La policía también torturó al niño de 12 años Héctor Woollands, que vivía en casa de Vuotto, para que lo acusara[4].

   Las torturas sufridas por los detenidos fueron constatadas por el médico policial Francisco Melitón Macaya, quién en el juicio declaró que Vuotto y otros detenidos padecían hematomas y lesiones varias resultado de torturas diversas sufridas en la Comisaría de La Plata. Uno de los reconocimientos fue realizado en colaboración con el médico municipal Cosme Argerich, quien también pudo ver el estado lamentable de los detenidos.

   Vuotto reconoce al doctor Macaya como “un hombre de talla moral”: “decir la verdad, para él, era firmar su separación del cargo y provocar la ira de sus convecinos, predispuestos por la prensa general –véase cualquier diario después del 6 de agosto-. Pero había en él un acervo de virtudes que hicieron de Pericles un ciudadano eminente. Socrates se autoinmoló en aras de sus principios de respeto a la ley. El doctor Macaya rindió tributo a la verdad y la Justicia y marchó al ostracismo serenamente, con una olímpica indiferencia a sus detractores[5].  Por esto fue separado del cargo, se le abrió un sumario por “falso testimonio” y debió mudarse a Trenque Lauquen por la seguridad de su familia[6].

   No encontramos la misma opinión acerca del juez Juan Carlos Díaz Cisneros: “El mismo juez que constató la pared ensangrentada donde me «visitó» y ante mi queja me manifestó que «no me molestarían más» y ordenó la instrucción de un sumario por mi acusación a la Policía que fue una farsa[7].

   Durante la dictadura de Uriburu se creó la Sección Especial de la Policía Federal Argentina, a cargo de Polito Lugones, que fue la primera que comenzó a torturar con picana eléctrica, algo que copiarían las fuerzas de todo el país.

   La versión oficial de los hechos menciona que los acusados se encontraron en una quinta de Bragado el día 16 de julio para participar de una reunión clandestina, como no podía ser de otra manera dado que la dictadura restringía la actividad política y gremial. La reunión sucedió realmente, pero el objetivo era realizar una colecta de fondos. Cuatro días después –el 20 de julio- se produjo el fallido levantamiento del teniente coronel Gregorio Pomar contra el gobierno de Uriburu. Ante el fracaso de éste, se habría planificado el atentado: la bomba se construyó el 30 de julio y se despachó al día siguiente en la Oficina de Correos de Olascoaga. En la indagatoria De Diago y Mainini coinciden en que ese día tomaron el tren desde Blas Durañona –donde vivía Vuotto-  las 4 AM y luego de trasbordar en 9 de Julio, llegaron a Olascoaga a las 11,30 AM. Sin embargo, ese día no hubo servicio de las 4 AM entre Blas Durañona-Olascoaga, lo que prueba que el testimonio de los acusados fue obtenido bajo coacción. También hay contradicciones en torno al envío del sobre: mientras en algunas declaraciones se dice que llegaron al correo y estaba cerrado por lo que decidieron llevar el paquete en camión, otros testigos aseguran que se lo rechazaron por estar roto el sobre, que lo escondieron en una alcantarilla a la espera de la apertura del correo o que lo enviaron desde Mechita. El ingeniero Juan Coretti, torpedista de la Marina que actuó como perito, declaró además que las “confesiones” de los acusados demostraban un desconocimiento total en materia de explosivos, por lo que no podrían haber sido ellos los creadores de la bomba[8].

   En cuanto a la elección de Blanch y su familia como víctimas, se intentó justificar con el hecho de que era un senador electo. Sin embargo, para el 31 de julio todavía no se habían convocado a las elecciones del 8 de noviembre, por lo que Blanch ni siquiera era candidato, y en las elecciones pasadas del 5 de abril –anuladas por el régimen tras el triunfo del radical Honorio Pueyrredón- no había resultado electo. Además de esto, los acusados no conocían ni tenían enfrentamientos con Blanch, y el movimiento anarquista lo consideraba menos corrupto y más accesible que el resto de los dirigentes conservadores. Incluso había ayudado a muchos de ellos perseguidos, como el caso del obrero Bartolomé Lorda, que gracias a sus gestiones pudo regresar a su España natal en lugar de quedar detenido en el penal de Villa Devoto[9].

   Pese a todo esto, los acusados Vuotto, De Diago y Manini fueron condenados a Reclusión Perpetua el 31 de diciembre de 1934. Los otros acusados resultaron absueltos. La Cámara de Apelaciones de Mercedes, en votación dividida, ratificó la sentencia y rechazó la apertura de la causa a prueba. Lo mismo sucedería a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1941.

   Inmediatamente se crearon en todo el país Comités de Solidaridad con los Presos de Bragado que confluían en un Comité Nacional. Vuotto recuerda que para 1937 existían “80 comités formados por sindicatos obreros y hombres conscientes que se han rebelado contra esa enorme injusticia cometida para reprimir las libertades proletarias y cercenar los derechos ciudadanos que aseguran la libertad de pensamiento. No hay en los centenares de hombres que conforman esos comités un fin político o partidista, pues se ha excluido de esos comités toda representación política e ideológica. No se ha perseguido otra finalidad que luchar por la verdad y la justicia encarnecida por un juez y poner un vallado a la prepotencia policial que todo lo avasalla[10].

   Las palabras de Vuotto para referirse al Comisario Williman, al fiscal Augé, al juez Cisneros y al sistema de justicia corrupta al que servían parecen escritas el día de hoy.

   Los comités llevaron adelante más de 500 acciones que incluyeron movilizaciones, pintadas de murales, colecta de alimentos y ropa para los presos y sus familias, notas en la prensa, telegramas a la Corte Suprema de Justicia y publicaciones periódicas. Entre estas últimas se destacan los folletos: Los Presos de Bragado (48 páginas, 2000 ejemplares) editado por el Comité Pro Presos y Deportados de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), Las Torturas de Bragado (95 páginas, 30.000 ejemplares), editado por el Comité Pro Presos de Bragado de La Plata, y el periódico ¡Justicia!, que comenzó a salir en 1940 y debió aumentar su impresión por la cantidad de ejemplares que eran solicitados por organizaciones políticas y sindicales, así como por el público general.

   En 1935 el gobernador y la Policía de la provincia de Buenos Aires iniciaron una causa contra los Comités de La Plata y Mercedes, acusándolos de proponer en sus discursos “medidas extremas” para lograr la libertad de los presos “a cualquier precio”.

   Aunque el accionar de los Comité se centró principalmente en la provincia de Buenos Aires, no fueron menores las campañas de agitación que se realizaron en Córdoba, San Luis, el norte argentino y Neuquén.

   También se crearon Comisiones de Mujeres solidarias con la causa, que creían que el reclamo de justicia por Paula y María Enriqueta no debía ser una excusa para que se cometiera otra injusticia. Vuotto destaca el papel de estas compañeras y las pone al mismo nivel de las que participaron en la Revolución Francesa, la Comuna de París y la lucha antifascista en España: “a estas mujeres quiero hacerles justicia para que el olvido no las margine nunca[11].

   En 1935 el diputado nacional socialista Guillermo Korn pidió ante el Congreso Nacional la intervención de la provincia de Buenos Aires por irregularidades en el Poder Ejecutivo, la Policía y el Poder Judicial, citando el Proceso de Bragado como uno de los ejemplos más infamantes.

   El “primer diputado socialista de América” Alfredo Palacios también se acercó a llevar su solidaridad con los prisioneros del régimen.

   Cartas solidarias con los presos comenzaron a llegar de todo el mundo, incluso de países tan lejanos como Canadá, Francia o Suecia. El intelectual anarquista Diego Abad de Santillán, que más tarde escribiría –entre decenas de obras- las monumentales Gran Enciclopedia Argentina (11 tomos, 1964) e Historia Argentina (5 tomos, 1965), envió su solidaridad desde Barcelona, donde participaba de la lucha anti-fascista.

   En 1936 Vuotto publicó el libro que-con dificultad- escribió en prisión: Vida de un proletario, que tuvo numerosas reediciones. En 1938 la escritora chilena Gabriela Mistral –que en 1945 ganaría el Premio Nobel de Literatura- le escribió al autor: “Estimado Vuotto: Le agradezco mucho el regalo de sus dos libros y me he leído casi entera su vida. Una de las pocas cosas que más me ha importado en este mundo es la suerte del preso. No es un interés literario sino muy íntimo. Su caso me ha conmovido en profundidad. Defienda su alma para conservar la esperanza y un poco de alegría. Esta es indispensable para trabajar y sencillamente para vivir. Yo sé que eso cuesta mucho, pero es heroicamente posible. Cuando usted salga de allí, la vida le parecerá más ancha y más hermosa que nunca. Y yo no dudo de que usted saldrá porque tiene amigos que velan porque se haga justicia[12].

   El presagio de la poeta de los pobres y los perseguidos se cumplió a medias. Los presos recuperaron su libertad, pero no se hizo justicia.

   El 8 de julio de 1942 el gobernador de Buenos Aires Rodolfo Moreno, a instancias de su ministro Vicente Solano Lima, firmó un decreto que conmutaba la pena de prisión perpetua a 17 años, por lo que el 24 de julio quedaron en libertad condicional tras cumplir 11 años de la sentencia. Ellos siempre se habían opuesto al indulto y la conmutación de penas, porque eso significaba que se reconocía su culpabilidad pero se les otorgaba un perdón. Vuotto, Mainini y De Diago querían que se reconociera su inocencia y no el perdón del mismo Estado que los condenó injustamente.

   Pero más allá de esto, su liberación fue el resultado de la movilización y la lucha  popular. Aunque el gobernador Moreno era un hombre del derecho y cómo legislador había propuesto reformas a la justicia en defensa de las garantías constitucionales, no hubiera podido actuar de esa manera sin el clamor popular de justicia.

   Como lo justificó el abogado defensor Enrique Corona Martínez: “La defensa agotó todos los recursos legales sin éxito ante la magistratura, pero llevando al ánimo del pueblo la convicción de que la condena importaba una tremenda injusticia. El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, al conmutar la pena de perpetuidad por la de 17 años de prisión, se ha mostrado más sensible y ecuánime que los tribunales de justicia. La reparación es solo parcial, pero es cuánto podía hacer quién la decretó… (…) Lo que no ha podido ni podrá salvarse ya, es el prestigio de la administración de Justicia provincial[13].

   Tampoco podrán salvarse los 11 años de vida cercenadas a los condenados o a sus familias a las que privaron de su presencia cotidiana en ese tiempo.

   Luego de la liberación, los “presos de Bragado” continuaron con su militancia política y social. Es más conocida la vida y trayectoria de Pascual Vuotto, porque la dejó plasmada en dos libros: al escrito en prisión, se suma El Proceso de Bragado ¡Yo Acuso! (1991), publicado en su vejez. Según su hija Themis (nombre que curiosamente significa “justicia”): “salió enfermo del sistema nervioso, y ciego de un ojo, habiendo sido inocente y vivido once años en un submundo de gente degradada[14]. Posteriormente a su liberación fue Control de la Línea 19 de Colectivos de la Capital Federal y el oeste del Gran Buenos Aires, gerente de la Cooperativa de Seguros de La Plata y reorganizador de las filiales de la Capital Federal, Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca, así como impulsor de las de Neuquén y Cutral-Có. En Mar del Plata también apoyó a la Cooperadora de la Escuela Nº 53 (1968), fue miembro del Instituto Municipal de Crédito y Vivienda, presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Juventud Moderna” (1969) y respaldó la terminación del edificio del Teatro Diagonal con financiamiento del Fondo Nacional de las Artes. Todas estas acciones culturales y cooperativas fueron impulsadas por un hombre al que el fiscal del régimen Augé calificó como “residuo, miasma de la alta cultura”.

    Vuotto siguió reclamando la reapertura de la causa, aún después de la muerte de Mainini y De Diago. Sin embargo esto no fue posible porque una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con fecha 2 de octubre de 1981 –cuando el país vivía otra dictadura-, ordenó la incineración de todos los antecedentes contenidos en los legajos del periodo 1890-1940. En consecuencia, los dos cuerpos del proceso, que se componían de 2800 folios, fueron alimento de las llamas. Un país que desaparecía personas, también desaparecía las vergüenzas de su justicia. Del caso solo quedaron las sentencias y documentos reproducidos por los medios de entonces.

   Agotada la vía judicial, solo quedaba la legislativa para obtener algo de justicia. En 1991 el diputado nacional socialista Guillermo Estévez Boero presentó un proyecto ante ambas cámaras del Congreso Nacional que establecía lo siguiente: “Art. 1º: Desagraviesé el nombre y la memoria de Santiago Mainini y Reclus De Diago por la injusta sentencia que recayera sobre ellos condenándolos a la reclusión perpetua por el homicidio de María Enriqueta Blanch y Paula Arruabarrena. Art. 2º: Desagraviesé el nombre de Pascual Vuotto por la injusta sentencia que recayera sobre ellos condenándolos a la reclusión perpetua por el homicidio de María Enriqueta Blanch y Paula Arruabarrena. Art. 3º: El Poder Ejecutivo Nacional designará al funcionario que se constituirá en el domicilio de los familiares de Santiago Mainini y de Reclus de Diago, y en el domicilio de Pascual Vuotto para hacerles entrega de copia de la presente ley. Art. 4º: Comuniquesé al Poder Ejecutivo Nacional[15].

   El proyecto, que presentaba una extensa justificación de la inocencia de los acusados, contó con una adhesión inesperada: Michael Dukakis, el gobernador del Estado Libre Asociado de Massachusetts que en 1977 aprobó un decreto reivindicando póstumamente la inocencia de Sacco y Vanzetti. Por los tiempos de la política, la Ley de Desagravio Nº 24.233 no se aprobó hasta el 28 de julio de 1993. Vuotto había fallecido el 16 de febrero, a los 89 años, sin llegar a ver concretado su reclamo[16]. En 1995 la Ley Nº 666 de la provincia de Buenos Aires aprueba la creación de un monumento a su memoria. En 2002 la provincia le hizo entrega a Themis Vuotto de una pensión compensatorio equivalente a la de un veterano de la Guerra de Malvinas[17]. Pobre y tardía compensación del Estado bonaerense ante tantos años de injusticias.

   Pasó casi un siglo y las injusticias se siguen sucediendo: los crímenes impunes, los inocentes víctimas de causas armadas, las confesiones obtenidas por torturas policiales con la complicidad de la Justicia y los gobiernos, la manipulación de los medios de prensa, el “manodurismo” y punitivismo de una parte importante de la sociedad, las políticas represivas… Hasta que esto no cambie no existirán los derechos humanos, la libertad, la justicia y la igualdad en el mundo.


Bibliografía



[1] “Los Presos de Bragado”, Contextos de la Historia Nacional, http://contexthistorizar.blogspot.com/2009/03/los-presos-de-bragado.html, 5 de marzo de 2009.

[2]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado ¡Yo acuso!, Buenos Aires, Colección Testimonios, Editorial Reconstruir, 1991, pp. 28- 32.

[3]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado…, op. cit., pp. 48 y 92.

[4]Pigna, Felipe; “El poder, contra los presos de Bragado”, Clarín, Buenos Aires, 2 de diciembre de 2007.

[5]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado…, op. cit., p. 43.

[6]Pigna, Felipe; “El poder, contra los presos de Bragado”, op. cit.

[7]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado…, op. cit., p. 97.

[8] “1931-1943: el Proceso de Bragado”, Revista Retruco, marzo de 1982.

[9] “1931-1943: el Proceso de Bragado”, Revista Retruco, marzo de 1982.

[10]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado…, op. cit., p. 157.

[11]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado…, op. cit., p. 138.

[12]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado…, op. cit., pp. 128-129.

[13]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado…, op. cit., p. 161.

[14] “Los Presos de Bragado”, Contextos de la Historia Nacional, op. cit.

[15]Vuotto, Pascual; El Proceso de Bragado…, op. cit., p. 139.

[16] En el proyecto finalmente aprobado se unificaron los artículos 1º y 2º, y se modificó el 3º (que pasó al segundo lugar) debido a la muerte de Vuotto. Se puede leer completo en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/631/norma.htm.

[17]Clarín, Buenos Aires, 15 de octubre de 2002.


Publicado en el periódico La Quinta Pata, www.la5pata.net, del 6 de septiembre de 2020.

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