Masacres de Pueblos Originarios argentinos en el siglo XX (2): Octubre 1947 en Rincón Bomba

   En 1947 la Gendarmería Nacional llevaría a cabo una nueva masacre contra pueblos originarios del norte, esta vez en el vecino Territorio Nacional de Formosa. Por entonces gobernaba el general Juan Domingo Perón. Son conocidas las políticas sociales del peronismo que mejoraron el nivel de vida de las clases populares, sin embargo este otro hecho menos glorioso ha permanecido silenciado durante décadas.

   Para los pueblos pilagá de Formosa, la situación no mejoró con la llegada del gobierno de Perón. Recluidos en “Reducciones” eran obligados a realizar trabajos agrícolas por un salario miserable que rara vez cobraban o lo hacían con descuentos o por medio de bonos que se podían canjean en muy pocos almacenes de la zona.

   En marzo de 1947 cientos de trabajadores rurales -mayoritariamente de la etnia pilagá- se movilizaron desde Las Lomitas (Formosa) hasta Tartagal (Salta) para trabajar en el Ingenio San Martín, propiedad del político y hacendado Robustiano Patrón Costas. Les habían prometido un pago de $6 por día, pero al momento de culminar las tareas agrícolas les pagaron solo $2,50 el día. Cuando fueron a reclamar ante el propietario, los expulsaron del lugar.

   En la primavera de ese año cientos de familias pilagá, provenientes de los parajes de Pozo Molina, Pozo Navagan, El Descanso y Cacique Coquero, entre otros, se concentraron para reclamar por esta estafa en el descampado de Rincón Bomba, en cercanías del Escuadrón 18 de Gendarmería de Las Lomitas. Eran liderados el sanador Tonkiet (Luciano Córdoba). Las familias permanecieron varios días, escuchando las interpretaciones de la Biblia que realizaba este hombre «que curaba sin cobrar», convirtiendo el lugar en un sitio de debate político y religioso. Finalmente acordaron formar una delegación compuesta por los caciques Pablito Navarro y Nola Lagadick, además de Tonkiet, quienes reclamaron ayuda para las familias damnificadas a la Comisión de Fomento de Las Lomitas y al Gobierno Territorial de Formosa.

   Luego de varios días el gobierno de Perón envió desde Buenos Aires tres vagones del Ferrocarril Belgrano con ropas, medicinas y alimentos, de los cuales llegaron solo dos y con alimentos en mal estado, lo que provocó intoxicaciones masivas y decenas de muertes. Sin embargo algunos sobrevivientes sugieren que los productos provenían de los almacenes de la zona que exponían los alimentos a la contaminación con gamexane (insecticida para hormigas).

   Durante los primeros días de octubre, el funcionario Abel Cáceres, encargado de la Reducción “Bartolomé de las Casas”, dependiente de la Dirección de Protección al Aborigen de la Secretaria Nacional de Trabajo y Previsión, fue enviado junto con gendarmes para convencer a los ocupantes de que desalojen el lugar y acepten trasladarse a una reducción. El rechazo de los ancianos de la comunidad a esta propuesta fue interpretado como un acto hostil por parte del Gobierno y el rumor de un malón (ataque indígena) comandado por el cacique Pablito Navarro comenzó a circular entre los pueblos vecinos.

   El 10 de octubre en horas de la tarde, efectivos de la Gendarmería Nacional rodearon a las familias concentradas y comenzaron a disparar con ametralladoras y fusiles automáticos. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza y la persecución de las familias por el monte se extendieron durante semanas. Durante la primera mitad del mes, un número indeterminado de personas murieron debido a las heridas, la sed, el hambre, y los fusilamientos. Durante la segunda mitad del mes de octubre se multiplicaron las capturas y decenas de mujeres fueron violadas por los gendarmes. Muchos pilagá pudieron sobrevivir escapando hacia el Paraguay.

   Los testimonios de los sobrevivientes, que pudieron hablar muchas décadas después, dan cuenta de la brutalidad represiva: “ni siquiera pudimos enterrar a los muertos”, “los árboles quedaron llenos de agujeros por los disparos”, “a todos les faltó un hijo, les faltó un padre, les faltó una abuela”, “estábamos amontonados como una bandada de patos. Sin poder beber agua. Los gendarmes le pidieron al traductor del cacique Tapiceno que les dieran una chica y ellos nos dejarían ir. Entonces agarraron a la chica más linda y el comandante de la tropa la violó. (…) cuando volvió no cumplió su palabra, nosotros seguimos cautivos”, “a los niños se los llevaron unas hermanas religiosas y nunca más aparecieron. No sabemos qué pasó con ellos” (del documental Octubre Pilagá, de Valeria Mapelman, 2010).

  ​ El 11 de octubre, un día después del primer fusilamiento, un Documento Confidencial y Secreto, firmado por el Director General de Gendarmería coronel Natalio Faverio informó al ministro del Interior Ángel Borlenghi sobre un supuesto levantamiento indígena y sobre la movilización de tropas por parte del Ministerio de Guerra a cargo de José Humberto Sosa Molina. El 16 de octubre un Documento Confidencial y Secreto firmado nuevamente por Faverio anunció que un avión JU-52T-153 había despegado el día anterior desde la Base Militar de El Palomar en Buenos Aires para colaborar en la represión. El avión se detuvo en Resistencia, donde se le quitó la puerta y se le colocó una ametralladora Colt, con la que dispararon sin piedad contra comunidades pilagá de Formosa. Estos documentos muestran el conocimiento y participación del gobierno nacional de Juan Domingo Perón en la masacre que se estaba cometiendo.

   De hecho el día 12 de octubre, mientras se estaba llevando a cabo una masacre en Formosa, el general Perón dio un discurso por el “Día de la Raza” reivindicando la conquista española. El 17 de octubre hicieron un acto por el “Día de la Lealtad”, al cumplirse dos años de las movilizaciones populares llevaron a la liberación de Perón - encarcelado en este entonces por el gobierno militar de Farrel- ajenos completamente a lo que estaba sucediendo.

   Se calcula que fueron masacradas entre de 500 y 750 personas de las etnias pilagá, qom, mocoví y wichi, además de las torturas, violaciones y apropiaciones de niños/as para ser entregados a instituciones cristianas encargadas de quitarles su identidad cultural.

   Finalizada la masacre, las familias prisioneras fueron trasladadas a las Colonias Aborígenes de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas, para ser “reducidas” a trabajos forzados bajo la administración de la Dirección de Protección al Aborigen y la vigilancia de la Gendarmería. Entre los prisioneros estaba el sanador Tonkiet y el cacique Navarro, capturado cuando intentaba cruzar la frontera al Paraguay.

   Los principales diarios de la época, tanto oficialistas como opositores (La Prensa, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas), fueron cómplices de este genocidio, publicando notas en donde hablaban de “asaltos a la población cristiana” por parte de los originarios movilizados y de la heroica acción de la Gendarmería para proteger a los civiles. Esto muestra los esfuerzos del aparato estatal por justificar la masacre que acababa de cometer. Solo un periódico, El Intransigente de Salta, publicó una nota de su corresponsal en Formosa que informaba que se había cometido una masacre y posterior quema de poblados para ocultar el crimen.

   Al igual que las masacres de Napalpí y El Aguará, las de Formosa también fueron llevadas a cabo por un gobierno que se presentaba como “nacional y popular”. Tanto la UCR como el peronismo siguen sin reconocer la responsabilidad de sus gobiernos en estos crímenes contra la humanidad.

   Casi 60 años después de estos hechos, el 1º de abril de 2005, la Federación Pilagá inició una demanda civil y penal contra el Estado nacional en el Juzgado Federal de Formosa, reclamando justicia y reparación por estos hechos, basándose en el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Pero la Justicia exigía pruebas materiales. En busca de las mismas el Equipo de Investigaciones Científicas Forenses realizó excavaciones en los lugares señalados por los sobrevivientes, encontrando 27 cadáveres que se correspondían con aquella masacre.

   Testimonios de sobrevivientes también fueron recopilados en el documental Octubre Pilagá (2010), de Valeria Mapelman.

   Pero por entonces también vivía uno de los genocidas: el alférez Leandro Santos Costa, que fue condecorado por su «valerosa y meritoria» acción. Luego de esto se dedicó a la abogacía, y ejerció como juez durante la Dictadura Cívico-Militar de 1976-1983. Fue integrante de la Cámara Federal de la ciudad de Resistencia hasta su renuncia en 1999 y murió en 2012 sin haber sido juzgado por sus crímenes. Sin embargo no sucedería lo mismo con Carlos Smachetti, piloto del avión JU-52T-153, que sería procesado en 2015.

   En la actualidad, la fuerza que llevó a cabo estas masacres -la Gendarmería Nacional- continúa implicada en hechos represivos. Acaso el más conocido sea la represión a comunidades mapuches movilizadas en Chubut en 2017, en la que desapareció el joven artesano Santiago Maldonado, quién apareció sin vida unos meses después. A fines de ese mismo año el Escuadrón Albatros de su fuerza hermana, la Prefectura Naval Argentina, asesinó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Esto demuestra que la impunidad es caldo de cultivo para futuros crímenes contra la humanidad.

   Pero al mismo tiempo, la tenaz lucha de las asociaciones pilagá para lograr una condena por el genocidio sufrido nos demuestra también la imprescriptibilidad de estos delitos y la obligación de los Estados de responder por ellos. Constituyen de este modo un valioso antecedente para víctimas y sobrevivientes de otros genocidios que, pese al tiempo transcurrido, continúan reclamando Justicia y Reparación.

Una versión resumida de este artículo se publicó en Boletín de la Revista de Historia, www.revistadehistoria.es, del 9 de noviembre de 2018. Una versión completa se publicó posteriormente en el periódico La Quinta Pata, www.la5pata.net, del 4 de octubre de 2020.